Como medida de prevención, el próximo  junio todos los colegios e institutos del país, se les prohibirá la venta de alimentos ricos en azúcares y grasas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, calcula que el porcentaje de población infantil con problemas de obesidad o sobrepeso en España podría haber aumentado entre dos y tres puntos porcentuales, superando el 30 por ciento de obesidad infantil en España registrados en anteriores estudios y encuestas nacionales.

Así lo ha asegurado el presidente de esta entidad, Roberto Sabrido, en el marco de las III Jornadas de Sobrepeso y Hábitos Saludables que se celebran en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Según Sabrido, la agencia se encuentra ultimando los resultados recogidos mediante una encuesta realizada a un total de 8.000 niños de entre 6 y 12 años pertenecientes a «todas» las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que la obesidad infantil es «una realidad del mundo occidental» que afecta en gran medida a Estados Unidos, Centro Ameríca y países europeos.

En este sentido, ha indicado que «la ventaja de España es que el 30 por ciento marcado por los estudios corresponde a problemas de sobrepeso en su mayoría, mientras que en el resto de países occidentales predomina la obesidad, «aunque sigue siendo preocupante a nivel nacional».

«Un problema que también afecta al mundo en desarrollo», ha dicho, donde existe un 40 por ciento de población con problemas de malnutrición, «al mismo tiempo que un 40 por ciento de la población padece sobre peso y obesidad», según Sabrido.

Por lo tanto, la obesidad y el sobrepeso se configuran como «una epidemia en todo el mundo«, ha indicado, señalando que «debemos actuar y estamos actuando» contra el mismo, y ha basado su afirmación en la realización de jornadas como las celebradas en la UCLM y en la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Una ley que entre sus objetivos incluye prohibir la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos ‘trans’, sal y azúcares en colegios e institutos, y que «espera que entre en funcionamiento en el mes de junio». A partir de entonces, será de obligado cumplimiento en todas las Autonomía.